En una sesión clave orientada a contrarrestar el flagelo de la criminalidad organizada, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete integral de reformas al Código Penal, acompañado de la autorización para la construcción de nuevos centros penitenciarios de máxima seguridad en el país.
Las drásticas modificaciones legislativas apuntan directamente a debilitar la estructura financiera y operativa de maras, pandillas y asociaciones delictivas. Entre los cambios más severos aprobados en los debates parlamentarios, destaca la implementación de la cadena perpetua para el delito de extorsión, una medida destinada a mitigar uno de los delitos que mantiene bajo mayor presión al sector comercial y social hondureño.
Con este marco legal, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) asumirá la directriz técnica para diseñar y rectorar de forma rigurosa la política criminal del Estado de Honduras enfocada en desmantelar las agrupaciones consideradas terroristas.
Infraestructura carcelaria: Nuevos complejos de máxima seguridad
A la par de las reformas jurídicas, el Poder Legislativo aprobó las partidas presupuestarias y los mecanismos institucionales urgentes para iniciar la edificación de nuevos centros penales. Estas obras pretenden resolver el hacinamiento penitenciario actual y asegurar el aislamiento total de los privados de libertad de alta peligrosidad.
Los nuevos complejos contarán con tecnología de punta y regímenes de control estricto, impidiendo la coordinación de actividades delictivas desde el interior de las celdas, un problema histórico en el sistema penitenciario del país.
Debate y reacciones en la Cámara Legislativa
Aunque la iniciativa contó con un respaldo mayoritario enfocado en la necesidad de devolver la paz y la seguridad a las familias hondureñas, el debate no estuvo exento de posturas encontradas. Diversas bancadas enfatizaron que el endurecimiento de las penas y la creación de más infraestructura carcelaria deben complementarse de manera estricta con una perspectiva de derechos humanos, la depuración constante de los entes de seguridad y estrategias de prevención social del delito.
Con estas determinaciones, el Estado de Honduras se encamina hacia una reconfiguración de su sistema de justicia penal y carcelario, apostando por el confinamiento perpetuo y de alta seguridad como principales herramientas de contención frente a las estructuras criminales transnacionales.
