TEGUCIGALPA. El Gobierno de la República ha dado un golpe de timón en su política económica. Tras semanas de especulaciones, la Secretaría de Finanzas (SEFIN) presentó formalmente la reformulación del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2026, dejando una cifra que ha encendido las alarmas y el debate en los sectores económicos: L444,265.8 millones.
Este nuevo techo financiero representa un recorte drástico de 25,000 millones de lempiras respecto a la proyección inicial de L469,249 millones. Pero, ¿qué significa este movimiento para el hondureño de a pie y para la empresa privada?
La ruta de la «Disciplina Fiscal»
El titular de Finanzas, Emilio Hércules, ha sido enfático en que esta decisión no es un retroceso, sino una «limpieza de la administración pública». Según el funcionario, el presupuesto anterior arrastraba vicios de gastos operativos inflados.
«No podemos seguir financiando el funcionamiento del Estado con deuda externa. Este recorte va dirigido al gasto corriente, viáticos, consultorías externas y publicidad estatal que no genera un beneficio directo al ciudadano», afirmó Hércules durante su comparecencia.
Sectores blindados y sectores en riesgo
La gran pregunta que circula en los pasillos del Congreso Nacional es quiénes serán los «ganadores y perdedores» de este ajuste. SEFIN ha asegurado que las partidas para la Red Hospitalaria Nacional y los proyectos de infraestructura estratégica, como la finalización de los tramos pendientes del Corredor Logístico, no sufrirán recortes.
Sin embargo, economistas independientes advierten que un recorte de esta magnitud podría ralentizar la ejecución de proyectos menores en las municipalidades. Para San Pedro Sula, la preocupación se centra en las transferencias municipales y el mantenimiento de las vías secundarias que conectan con los parques industriales, vitales para la economía del Valle de Sula.
El desafío del Congreso
Ahora la pelota está en la cancha del Poder Legislativo. Las bancadas de oposición han manifestado que analizarán «lupa en mano» cada renglón. El argumento de los detractores es que un presupuesto menor en un año de desafíos sociales podría traducirse en una baja capacidad de respuesta ante emergencias climáticas o crisis sanitarias.
Se espera que la socialización del presupuesto reformulado comience esta misma semana, con la participación de cámaras de comercio y sociedad civil, en un intento del Ejecutivo por legitimar lo que muchos ya llaman el «presupuesto de la austeridad extrema».
